El cierre de la zona arqueológica de Chichén Itzá ha generado un impacto negativo tanto económico como en la percepción pública de Yucatán, motivo por el cual se pide a las partes involucradas encontrar un acuerdo que permita reabrir el emblemático sitio.
José Enrique Molina Casares, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida y del Consejo Coordinador Empresarial en Yucatán, destacó que el acceso principal a la zona arqueológica debe concentrarse en el edificio del Centro de Atención a Visitantes (Catvi), un corredor comercial y gastronómico recientemente establecido para los artesanos y comerciantes.
El conflicto radica en que un grupo reducido de artesanos se resiste a trasladarse a Catvi, donde ya se encuentran la mayoría de los comerciantes. Esto ha provocado un bloqueo que mantiene la zona arqueológica cerrada, situación perjudicial para todas las partes, resaltó Molina Casares.
El líder empresarial enfatizó que la solución pasa por un «piso parejo» para todos los comerciantes, con un solo acceso que canalice el flujo turístico por el Catvi, beneficiando a todos de manera equitativa. Si bien reconoció la legitimidad del reclamo de algunos artesanos que tienen años instalados en el interior del sitio, recordó que otros también han aceptado la reubicación.
Respecto al uso de la fuerza pública para desalojar y reabrir el acceso, Molina Casares declaró desconocer los detalles reglamentarios, aunque señaló que nadie está por encima de la ley. Abogó por la búsqueda de un acuerdo a través del diálogo y la mediación, evitando que el cierre se prolongue y afecte más gravemente la economía local y la imagen de Yucatán como destino turístico.
El dirigente también destacó que la temporada turística actual es de menos afluencia, pero que la próxima temporada alta, en vacaciones, requiere que el sitio esté abierto para aprovechar el flujo de visitantes. Consideró que el daño económico y reputacional es conjunto y pidió que el conflicto se resuelva lo antes posible.