El relevo en la titularidad del Instituto Nacional de Migración (INM) generó rechazo en diversas organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes, quienes calificaron el proceso en contra del excomisionado Francisco Garduño Yáñez como un ejemplo de impunidad. Los colectivos denunciaron que Garduño habría utilizado recursos públicos para cumplir con las medidas cautelares impuestas durante el proceso judicial.
Entre las medidas que debió cumplir Garduño figuraba presentarse quincenalmente en esta frontera para firmar el libro de juzgados; sin embargo, estas diligencias se habrían realizado con gastos cargados al erario. Además, las organizaciones señalaron que durante el juicio se limitó sistemáticamente la participación y el apoyo legal a las víctimas sobrevivientes y sus representantes civiles, afectando el acceso a la justicia.
Los activistas advirtieron que aún no existe una reparación integral para las víctimas de la tragedia ocurrida en el centro migratorio, pues las indemnizaciones otorgadas a los familiares solo consistieron en compensaciones económicas pagadas por el gobierno federal. Esta medida, aseguraron, evade la sanción efectiva de las omisiones administrativas que contribuyeron al desastre.
Por último, los defensores de derechos humanos expresaron su inconformidad ante el reciente nombramiento de Garduño al frente de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, cargo dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este nombramiento, dijeron, representa una continuidad de la impunidad en el trato hacia la población migrante, al mantenerlo en funciones dentro de la administración pública federal pese a las graves acusaciones en su contra.