La crisis social en Bolivia alcanza su trigésimo día con bloqueos en seis de las nueve regiones del país, afectando especialmente a La Paz, donde el acceso a alimentos, combustible y oxígeno en los hospitales es cada vez más limitado. Los reclamos de los sindicatos y organizaciones campesinas van dirigidos a exigir la renuncia de Rodrigo Paz, sin voluntad de diálogo con el Gobierno.
La Central Obrera Boliviana (COB), junto a sindicatos campesinos y juntas vecinales de El Alto, lidera las movilizaciones y mantiene firmes las medidas de presión pese a que el Ejecutivo retiró las órdenes de detención contra los dirigentes. Los manifestantes rechazaron retomar negociaciones y anunciaron la apertura limitada de corredores humanitarios para permitir el paso de suministros esenciales.
En contraste, el Gobierno hizo un llamado público a la tregua para pacificar el país y manifestó que una solución está próxima, aunque no se brindaron detalles concretos. Además, el Ministro de Desarrollo Económico anunció un inminente acuerdo con sectores gremiales para establecer un corredor que facilite abastecer a La Paz.
La Defensoría del Pueblo reportó que la represión y el bloqueo de rutas provocaron siete muertes —la mayoría atribuida a la falta de atención médica—, además de 23 heridos y más de 300 detenidos durante el conflicto. Esta situación agravó el funcionamiento del transporte público y originó protestas de choferes por la carencia de combustible.
Desde la oposición, el expresidente Evo Morales calificó las movilizaciones como una protesta contra el hambre, el desempleo y el «Estado neoliberal», remarcando que los sindicatos buscan conservar el modelo político que él y el actual mandatario Arce implementaron durante dos décadas. Por su parte, un analista político consideró que el Gobierno parece débil ante la persistencia de las movilizaciones y que el enfrentamiento es un pulso entre las fuerzas sindicales y el Ejecutivo.