Una propuesta presentada en el Congreso plantea modificar la Ley General de Salud para asegurar que los recién nacidos prematuramente reciban atención médica integral, especializada y oportuna. La iniciativa incluye atención inmediata, estabilización clínica, monitoreo continuo y tratamiento médico específico, así como vigilancia hospitalaria y seguimiento a largo plazo de posibles complicaciones derivadas de la prematuridad.

La reforma contempla que las autoridades establezcan mecanismos concretos para coordinar acciones entre distintas instituciones, garantizando así la referencia y contrarreferencia adecuada, así como la continuidad hospitalaria cuando sea necesaria. La diputada que impulsa esta iniciativa sostiene que la atención a niños prematuros es un asunto de justicia social y equidad que debe atenderse desde el momento del nacimiento.

En México se registran entre 180 mil y 200 mil nacimientos prematuros al año, definidos como aquellos ocurridos antes de las 37 semanas de gestación según la Organización Mundial de la Salud. Estos recién nacidos enfrentan riesgos elevados por la inmadurez de órganos esenciales, como los sistemas respiratorio, neurológico, inmunológico, digestivo y la regulación metabólica y térmica.

La falta de atención especializada puede provocar complicaciones graves, como síndrome de dificultad respiratoria, sepsis neonatal, hemorragias cerebrales, enterocolitis necrosante, retinopatía del prematuro, así como discapacidades visuales, auditivas, motrices y cognitivas. Por ello, la diputada sostiene que el cuidado del nacimiento prematuro debe ser una prioridad de salud pública que contemple no sólo el evento obstétrico sino también el seguimiento integral del niño.

Actualmente, la disponibilidad y calidad de atención para prematuros dependen en gran medida de factores estructurales como la entidad federativa, la capacidad hospitalaria local, la existencia de incubadoras y unidades de terapia intensiva neonatal, además del acceso a personal capacitado, como neonatólogos. Esta realidad refleja desigualdades territoriales que afectan la supervivencia y calidad de vida de los menores, por lo que la iniciativa insiste en que esto no puede continuar dependiendo de la ubicación geográfica o el nivel socioeconómico.

Aunque la Ley General de Salud ya contempla atención materno-infantil, para los prematuros existen vacíos regulatorios que pueden poner en riesgo su vida. La reforma busca cerrar esos vacíos, estableciendo de forma expresa la obligación estatal de proteger y garantizar la atención especializada y continua para estos niños desde su nacimiento.