Tras más de una década inactivo, el Consejo Peninsular para la Regulación del Habanero A. C. volvió a operar con el fin de proteger y certificar la denominación de origen del chile habanero, un producto emblemático de la Península de Yucatán. Esta reactivación busca asegurar la calidad, trazabilidad y autenticidad comercial del chile, clave para la identidad gastronómica y económica del sureste mexicano.

El nuevo consejo se creó con la participación de los gobernadores de Quintana Roo y Yucatán, así como representantes de Campeche y autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Este organismo funcionará como garante de la regulación y promoción del chile habanero, apoyando a quienes cultivan, procesan, envasan y venden este producto.

La gobernadora de Quintana Roo destacó que la reactivación del consejo generará mejores oportunidades económicas para los productores locales. En Quintana Roo, por ejemplo, la producción alcanzó casi mil toneladas con un valor superior a 26 millones de pesos, distribuidas principalmente en municipios como José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar. Además, 28 micro, pequeñas y medianas empresas cuentan con marcas registradas que promueven el chile como producto insignia bajo el sello “Hecho en Quintana Roo”, ofreciendo desde salsas hasta productos con valor agregado.

También se resaltó la importancia de la coordinación entre los tres estados para consolidar una estrategia común que impulse la producción regional y proteja el uso legítimo del nombre chileno. El director del IMPI subrayó que el chile habanero cuenta con denominación de origen desde 2010, y que el consejo garantizará la vigilancia frente a posibles usos indebidos, fortaleciendo así la exclusividad y reputación del producto en mercados nacionales e internacionales.

El impulso al chile habanero forma parte de un esfuerzo mayor para destacar otros productos autóctonos con identidad geográfica, como la miel, el pulpo maya y el chicle maya, buscando incrementar el valor del campo y mejorar los ingresos de las familias productoras de la región.