Las modificaciones a la Ley Vicaria en Jalisco, diseñadas para reconocer y sancionar de forma específica la violencia vicaria como un delito autónomo, permanecen sin efecto legal debido a que el gobernador no ha publicado dichas reformas en el Diario Oficial del estado.
Esta situación deja a las mujeres que sufren este tipo de violencia en un estado de desprotección, pues sin la publicación formal, la ley no puede aplicarse ni servir para proteger a las víctimas, una circunstancia que activistas califican como una “congeladora legislativa”.
Las reformas aprobadas en el Congreso pretenden lograr tres avances fundamentales: primero, identificar la violencia vicaria como tal para facilitar su reconocimiento social y legal; segundo, tipificarla expresamente como una forma de violencia de género dentro del código penal, civil y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y tercero, establecer penas independientes para este delito que van de cuatro a ocho años de prisión.
Expertos y activistas exigen al gobernador Pablo Lemus que promulgue las reformas cuanto antes para brindar herramientas legales que permitan proteger a las víctimas de violencia vicaria y avanzar en la erradicación de esta problemática.