El Congreso del Estado de México concluyó su segundo periodo ordinario de sesiones con un paquete de reformas que impactan diversas áreas, desde la protección de las mujeres hasta el cuidado ambiental y la administración pública. Entre las medidas más relevantes, se establecieron penas de hasta ocho años de prisión por violencia vicaria, que incluye también sanciones económicas y la pérdida de la patria potestad para quienes la ejerzan.
Además, la violencia digital recibió atención legal: el Ministerio Público y los jueces deberán ordenar rápidamente medidas de protección, así como el bloqueo o la eliminación de contenidos digitales usados para hostigar o dañar a las víctimas. En materia laboral, el trabajo del hogar fue reconocido oficialmente y deberá considerarse en casos judiciales relacionados con alimentos, guardia y custodia, compensaciones y liquidaciones patrimoniales.
El uso de celulares en escuelas de educación básica quedó limitado exclusivamente para fines académicos o emergencias. Por otro lado, las dependencias públicas podrán emplear inteligencia artificial para agilizar trámites y simplificar procesos administrativos. Se redujo el tiempo para resolver solicitudes de cambio de nombre de 30 a 15 días hábiles y los servidores públicos obtuvieron un día anual con goce de sueldo para estudios preventivos. También se ratificó la jornada laboral semanal de 40 horas y se eliminó la prisión vitalicia por considerarla incompatible con la reinserción social.
En cuestiones de justicia, la amnistía se amplió para proteger a mujeres que no fueron juzgadas con perspectiva de género y a personas en situación de vulnerabilidad manifiesta. Además, las comunidades indígenas y afromexicanas fueron reconocidas constitucionalmente como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
En materia ambiental, se endurecieron las sanciones con penas de hasta 25 años de prisión para quien abandone residuos de manera indebida o disponga irregularmente materiales contaminantes. Se promulgó la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, que contempla sanciones de hasta 15 años de prisión, con agravantes por maltrato. También se autorizó la práctica de inhumaciones ecológicas que respetan el medio ambiente.
Respecto a la administración pública, se tipificó el nepotismo como falta administrativa grave, sancionable con destitución e inhabilitación por hasta 20 años, con entrada en vigor prevista para 2030. De igual forma, queda prohibida la reelección inmediata para cargos públicos a partir de esa fecha, y se estableció que ningún servidor público podrá percibir un salario superior al titular del Ejecutivo estatal.