La Terminal Marítima de Almacenamiento de Gas L. P. que se edifica en Tuxpan, Veracruz, concentra una cantidad de energía contenida en gas licuado que supera en más de 22 veces la liberada por la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Este dato resulta clave para entender la magnitud del proyecto y sus posibles implicaciones en materia de seguridad y medio ambiente.

El complejo, a cargo de una empresa local, tendrá capacidad para almacenar hasta 360 mil barriles de gas LP, equivalente en volumen a 114 mil tinacos de 500 litros. Si se alinearan estos contenedores, cubrirían una distancia desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires, lo que ilustra la enorme escala de la operación. El gas almacenado es una mezcla de propano y butano, con un alto poder calorífico que genera una energía química total estimada en 1.42×10¹⁵ joules. Para ponerlo en perspectiva, la bomba atómica de Hiroshima liberó 6.3×10¹³ joules.

Si bien la cantidad de energía es inmensa, expertos aclaran que en caso de un accidente, la liberación no tendría efectos nucleares, sino una posible detonación química con riesgos de incendios y explosiones parciales, que pueden desatar incendios y bolas de fuego de gran peligrosidad.

El proyecto enfrenta críticas desde distintos sectores ambientales que alertan sobre daños irreversibles a la fauna y al entorno de la región, además de señalar que las autoridades y la empresa no han transparentado información ni documentos que prueben la legalidad y las medidas de seguridad adoptadas. De hecho, un magistrado de la Sala Especializada en Materia Ambiental ordenó detener la construcción el pasado mayo mediante una medida cautelar, pero la empresa negó haber recibido notificación alguna y aseguró contar con todos los permisos necesarios, sin mostrar evidencia que lo confirme.

La controversia permanece, y la falta de claridad pone en alerta a comunidades y especialistas sobre el manejo de este tipo de instalaciones que concentran cantidades tan elevadas de energía química que requieren estrictos controles y protocolos de seguridad. A pesar de la oposición y medidas judiciales, la obra continúa avanzando, lo que mantiene en el aire la preocupación sobre los posibles riesgos que implica para la región.