El conflicto institucional entre el Gobierno de Canarias y el Estado por la gestión del fondeo del MV Hondius en el puerto de Granadilla persiste, aunque las relaciones no se han roto. La Comunidad Autónoma insiste en que la coordinación debe estar respaldada por informes técnicos que justifiquen las decisiones, especialmente por el impacto sanitario y operativo de la operación.
El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, destacó que hasta ahora han recibido escasa documentación formal y que, pese a múltiples solicitudes, la mayoría de las comunicaciones han llegado vía mensajes informales, lo que no satisface las necesidades de rigor que exige una operación de esta naturaleza. Subrayó que aún no se ha proporcionado el informe inicial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fundamentó el traslado del barco desde Cabo Verde a Tenerife, un documento clave para aclarar las condiciones sanitarias.
Además, la elección del momento y la forma de realizar la evacuación aérea han elevado la tensión. Canarias cuestiona la falta de garantías sobre la salud de los pasajeros, reconocida tras detectarse positivos en sus países de origen, y la insuficiente realización de pruebas PCR a bordo. También criticaron que el operativo aéreo no se haya aprovechado al máximo, lo que retrasó la salida inicial del domingo y obligó a que un avión con capacidad para más pasajeros regresara otra jornada para completar la evacuación.
Desde el miércoles se activó un dispositivo de evacuación, pero el Gobierno canario sigue reclamando aclaraciones sobre tres aspectos esenciales: la verdadera situación sanitaria de los viajeros en el barco, la duración estrictamente necesaria del fondeo y la optimización del traslado aéreo para minimizar la permanencia del crucero en puerto. Estas dudas aumentaron tras la decisión estatal del sábado por la noche que provocó que Canarias no autorizara el fondeo bajo las premisas presentadas.
Cabello rechazó que la posición del Gobierno autónomo responda a una confrontación política, asegurando que su postura busca preservar la seguridad pública y la transparencia en un proceso que afecta a miles de personas, incluido el personal técnico que participa en la operación. Señaló que el Ejecutivo español no ha respondido satisfactoriamente a sus preguntas clave, generando un clima de desconfianza en medio de una crisis sanitaria y logística.