Los ayuntamientos podrían contar obligatoriamente con una Regiduría especializada en Medio Ambiente, Biodiversidad y Sostenibilidad, gracias a una reforma propuesta en la Ley Orgánica Municipal del Estado. Esta modificación pretende dotar a los gobiernos locales de herramientas específicas para atender el deterioro ambiental desde la administración más cercana a la ciudadanía.

La iniciativa, presentada por la diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, plantea que dicha Regiduría y su comisión correspondiente se encarguen de coordinar políticas públicas ambientales que se alineen con los planes estatal y nacional de desarrollo. Entre sus responsabilidades estarán la promoción de la educación ambiental, la supervisión del cumplimiento normativo y la elaboración de programas para proteger, conservar y restaurar los ecosistemas locales.

Además, el nuevo órgano municipal tendría facultades para diseñar estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático, impulsar proyectos de desarrollo sostenible, economía circular y energías limpias. También deberá fomentar la colaboración con autoridades federales, estatales y comunidades, así como promover la protección de la biodiversidad y salvaguardar los saberes ambientales tradicionales.

La legisladora argumentó que esta medida no genera duplicidad ni invade competencias superiores, sino que fortalece la estructura organizativa municipal y fomenta la cooperación interinstitucional. Asimismo, destacó que la propuesta responde a la importancia de Oaxaca como estado con una gran biodiversidad y la función clave que tienen los municipios en la gestión de servicios públicos críticos, como el manejo de residuos sólidos, el agua potable y el drenaje, mandatos establecidos en el artículo 115 de la Constitución federal.

Este proyecto de decreto fue presentado en sesión ordinaria y enviado a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales para su análisis y dictamen. El objetivo central es institucionalizar la política ecológica a nivel municipal y establecer un compromiso claro y transversal con la sustentabilidad ambiental desde los gobiernos locales.