En México, la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles ocurre en un entorno marcado por profundas desigualdades estructurales y limitaciones en la movilidad social. Aunque la mayoría de los hogares ya cuenta con electricidad, persisten importantes disparidades en términos de la asequibilidad, confiabilidad y el uso efectivo de los servicios energéticos para mejorar las capacidades y oportunidades de las familias.
Un análisis basado en datos de encuestas a hogares revela que los sectores de bajos ingresos soportan cargas desproporcionadas relacionadas con el consumo energético, lo que restringe su avance educativo y ocupacional. Estas desigualdades no solo representan una barrera para el bienestar inmediato, sino que también dificultan la participación equitativa en los beneficios que ofrece la transición energética.
Para enfrentar estas limitaciones, los modelos inspirados en la economía social y solidaria (ESS) cobran relevancia, especialmente a través de las cooperativas energéticas. Estas iniciativas pueden mejorar el acceso asequible y confiable a la energía, al tiempo que fomentan la participación comunitaria en la gobernanza de los recursos energéticos. Un ejemplo concreto es el caso de una cooperativa pesquera en Yucatán, donde proyectos de energía renovable contribuyen tanto a mitigar la pobreza energética como a promover la movilidad social ascendente.
Incorporar una visión de justicia distributiva y procedimental en la estrategia nacional para la transición energética resulta esencial para avanzar hacia un desarrollo que sea inclusivo y sostenible. Esta perspectiva implica no solo distribuir equitativamente los beneficios y costos de la transición, sino también garantizar que las comunidades tengan voz en las decisiones que las afectan.