La renovación del Poder Judicial, prevista originalmente para 2027, fue postergada oficialmente hasta el primer domingo de junio de 2028, tras la aprobación de una reforma constitucional en la Cámara de Diputados. Esta modificación también establece que la revocación de mandato coincida con las jornadas electorales federales o locales del año correspondiente.

La reforma, que contó con 341 votos a favor y 124 en contra, es resultado de una iniciativa impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Además, redefine la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estará integrada por nueve ministros y funcionará tanto en Pleno como en dos secciones. Este órgano será responsable de publicar el listado de candidaturas judiciales a más tardar el 30 de abril del año previo a la elección.

El proceso electoral judicial contempla la renovación de diversas magistraturas y jueces en niveles federales y locales. Se renovarán cuatro magistraturas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 464 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito, así como 386 juezas y jueces de Distrito en los Poderes Judiciales estatales. A nivel local, se llevarán a cabo cambios en 424 magistraturas y 2,831 jueces distribuidos en 25 estados, quienes permanecerán en funciones hasta 2028 a pesar de que su encargo concluía en 2027.

El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de dividir cada circuito judicial en distritos electorales adecuados, de modo que la ciudadanía pueda elegir una candidatura por cada especialidad judicial correspondiente a su territorio. Estas candidaturas serán propuestas por cada Poder Judicial y, en su caso, incluirán a las personas juzgadoras en funciones candidatas a reelegirse.

Finalmente, quienes resulten electos tomarán protesta ante el Senado de la República el primero de septiembre de 2028. El órgano de administración judicial tendrá hasta el 15 de septiembre del mismo año para adscribir a los nuevos funcionarios al órgano judicial correspondiente.

Con esta reforma, el proceso electoral del Poder Judicial se alinea con el calendario electoral general, buscando mayor coordinación entre las diferentes instancias institucionales y procesos en México.