En los primeros cinco meses de este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) vio partir a 959 empleados que renunciaron o fueron despedidos, afectando tanto sus oficinas centrales como juntas locales en todo el país. Esta pérdida de personal ha generado preocupación interna debido a que se van perfiles con experiencia y se incorporan trabajadores menos preparados.

El área que sufrió la mayor cantidad de bajas fue el Registro Federal de Electores, con 52 salidas, seguida por la Unidad de Servicios de Informática, con 45, y Transparencia, con 42, esta última con un cambio reciente de dirección. También destacaron bajadas en la Unidad de Igualdad de Género, donde 10 de las 12 renuncias ocurrieron tras la llegada de una nueva directora. En las oficinas centrales de la Ciudad de México se reportaron 380 salidas, mientras que el restante correspondió a las juntas locales y distritales. En estados como Coahuila, se informaron 206 bajas, aunque no está claro cuántas respondieron a contrataciones temporales para la jornada electoral.

En abril, mes en que terminaron funciones tres consejeros, se registraron 41 renuncias, y otros 20 asesores dejaron sus cargos en distintas consejerías. Además, el director de Administración dimitió en mayo junto con 15 personas de su equipo. Voces dentro del INE han denunciado que los recientes nombramientos de directivos se han realizado sin consenso colegiado y han incrementado la solicitud de renuncias al personal profesional, lo que pone en riesgo la capacidad técnica del instituto frente al próximo proceso electoral 2026-2027.

Como consecuencia directa de una reforma electoral que limita el salario máximo de los funcionarios públicos al de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el INE anunció que cientos de empleados verán ajustados sus sueldos a la baja a partir de 2027. Esto afectará a un grupo de 128 personas que hasta ahora ganaban más que la mandataria, incluyendo consejeros, directores ejecutivos y asesores. Los recortes oscilarán entre el 1 % y el 27 %, aunque se aplicará una gradualidad para aminorar el impacto en los puestos de primer y segundo nivel.

La Dirección de Administración señaló que dará seguimiento para minimizar los efectos negativos sobre el personal, ajustando con cautela y priorizando la permanencia de los colaboradores en áreas clave. Esta medida forma parte de una reestructura salarial que busca cumplir con los nuevos lineamientos de remuneración pública, pero llega en un momento delicado ante la merma de personal calificado y los retos que enfrenta el órgano electoral para asegurar la organización de las elecciones.