Durante su segundo mandato, Donald Trump ha consolidado un estilo de gobierno que prioriza la seguridad nacional y un enfoque intervencionista, marcado por una gran cantidad de órdenes ejecutivas que modifican tanto la política interna como la exterior de Estados Unidos. Su administración insiste en mantener el control estricto de la frontera y en la lucha contra el flujo de fentanilo desde México y Canadá, declarando la emergencia nacional y equiparando esta droga con armas de destrucción masiva.
Este segundo periodo presidencial se distingue por la adopción de la llamada "Doctrina Donroe", una actualización de la histórica doctrina Monroe que busca frenar la influencia de China y Rusia en Latinoamérica y asegurar un área de influencia norteamericana sin interferencias extranjeras. La estrategia del gobierno, reforzada por el respaldo del Partido Republicano en ambas cámaras del Congreso, se traduce en medidas como la militarización fronteriza, deportaciones masivas y la imposición de aranceles.
La relación con México se ha deteriorado considerablemente, alcanzando niveles de tensión no vistos en años recientes. La administración Trump ha impulsado una política dura que incluye la persecución judicial de políticos, funcionarios y empresarios acusados de delitos que afectan directamente a la seguridad y economía estadounidense. Estas acciones forman parte de una estrategia para combatir la corrupción y el lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales transnacionales, identificadas como amenazas prioritarias por el Departamento de Justicia.