En un escenario donde el calendario electoral oficial del Estado de México aún no contempla el inicio de la renovación de alcaldías para 2027, en Atizapán de Zaragoza el proceso ha comenzado de facto. Dos actores clave del Partido Acción Nacional (PAN) han desplegado una estrategia para posicionarse políticamente aprovechando recursos públicos y plataformas institucionales, desafiando los límites establecidos por la legislación electoral vigente.
La figura de Patricia Arévalo, presidenta honoraria del DIF municipal y esposa del alcalde en funciones, ha cobrado una relevante presencia pública. Su imagen está presente en lonas, carteles y múltiples actos oficiales bajo la campaña institucional “Sigamos Creciendo Juntos”. Arévalo ha encabezado la entrega de ayudas sociales, bazares comunitarios, distribución de juguetes y campañas de prevención, enfocando especialmente su publicidad en colonias populares del municipio. Este despliegue fue señalado por vecinos y también por la síndica municipal, quien alertó sobre el uso indebido de recursos municipales para fomentar su perfil político.
En paralelo, el diputado local y dirigente estatal del PAN, Anuar Azar Figueroa, ha promovido iniciativas con un marcado carácter electoral. Su protagonismo en Atizapán incluye su aparición constante en eventos municipales y la presentación de programas sociales como el “Carnet de Apoyo al Gasto Familiar”, que ofrece descuentos en cientos de negocios locales, bolsas de trabajo y capacitaciones. Sus actividades anteriores comprenden desde funciones de lucha libre gratuitas hasta la entrega de equipamiento doméstico, como tinacos, un gesto que ha generado críticas al confrontarse con las deficiencias reales en servicios básicos como el agua potable.
El actual alcalde, Pedro Rodríguez Villegas, cumple su tercer periodo y no puede buscar la reelección, lo que ha impulsado a Arévalo y Azar a iniciar movimientos para posicionarse como sucesores. Este activismo político en el uso de recursos públicos y programas sociales ha provocado malestar en distintos sectores, ya que se percibe como un adelantamiento irregular a la contienda electoral, contraviniendo normativas del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
La situación pone en evidencia las dificultades para garantizar procesos electorales equitativos cuando actores en el poder municipal emplean instituciones y programas oficiales con fines político-electorales antes de tiempo, desdibujando la diferenciación entre gobierno y partido político.

