El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se encuentra inmerso en una disputa que trasciende sus apariciones públicas: el entorno más cercano a su administración alimenta una crisis que afecta su reputación y gestión. La polémica gira en torno a un documento —una ficha de búsqueda con su fotografía— que ha circulado en redes, afectando su imagen y generando un malestar profundo en el funcionario.
Ante esta situación, Galindo anunció que no recurrirá a demandas judiciales contra quienes difunden esa información, sino que optará por una presentación pública para desmentir lo que considera una campaña en su contra. Sin embargo, el problema no parece estar solo fuera del Ayuntamiento. Fuentes cercanas revelan que el principal factor detrás de estas dificultades es el propio director de Comunicación Social, Eduardo Marceleño.
Marceleño acumula críticas por su trato conflictivo hacia la prensa y sus métodos para manejar la publicidad oficial. Su estrategia habría provocado la ruptura de relaciones con medios de comunicación y la creación de enemigos tanto locales como nacionales. Según versiones del ámbito político y periodístico, su actitud prepotente y altanera ha provocado un descontento que afecta directamente la imagen pública del alcalde.
Además, se comenta que la permanencia de medios que aún ofrecen una cobertura favorable a la administración no responde tanto a su apoyo real, sino a un control selectivo de los convenios de publicidad oficial, con beneficios económicos para el equipo de Marceleño. Este entramado contribuye a que Galindo se concentre más en quejarse de sus supuestos adversarios que en analizar las causas internas de su desprestigio.
En otro ámbito, se reportó un incidente violento en la Clínica 47 del IMSS en la capital potosina, donde una derechohabiente protagonizó un altercado con la recepcionista del Consultorio 27. La confrontación escaló hasta la violencia física, evidenciando la tensión y el desgaste en la atención pública. Este episodio refleja un panorama más amplio de insatisfacción ciudadana con los servicios estatales.