Estados Unidos frenó los procesos para extraditar al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y al empresario Víctor Álvarez Puga, tras rechazar dos solicitudes de captura internacional presentadas por México. En uno de los casos, las autoridades estadounidenses solicitaron información jurídica adicional, mientras que en el otro negaron el requerimiento penal de manera directa.
La negativa y el retraso en estas extradiciones provocaron que la Presidencia de México difundiera un balance sobre la cooperación bilateral en materia de justicia internacional. Claudia Sheinbaum Pardo destacó que desde 2018 hasta mayo de 2026 se presentaron 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos, pero ninguna de ellas ha derivado en entregas efectivas. Además, señaló la insuficiente reciprocidad en la entrega de presuntos criminales entre ambos países.
Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Velasco explicó que un alto porcentaje de casos permanece en revisión judicial por parte de Estados Unidos, donde se exige que la parte que solicita la extradición aporte pruebas contundentes antes de ordenar detenciones formales. Detalló que en la mayoría de las solicitudes mexicanas de detención provisional, las autoridades estadounidenses han pedido documentación adicional para avanzar.
Este intercambio refuerza un principio legal importante: ningún Estado está obligado a entregar a sus propios ciudadanos sin un debido proceso y una sólida evidencia. México enfrenta en este momento numerosas solicitudes pendientes que involucran casos de alto perfil, como malos manejos en la Secretaría de Gobernación, fraudes vinculados a instituciones como el Infonavit, y temas sensibles como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Presidencia también defendió la práctica de exigir pruebas rigurosas en investigaciones internacionales, resaltando la reciprocidad con la que México solicita también evidencias en procesos que implican a ciudadanos extranjeros bajo su jurisdicción. Finalmente, la mandataria reiteró que la Fiscalía General de la República se encarga de conducir estos casos judiciales de forma autónoma, confirmando que sigue en marcha la investigación y persecución de las posibles responsabilidades legales.