Estados Unidos amplió su presión sobre el régimen cubano al incorporar al presidente Miguel Díaz-Canel y a otros miembros clave del gobierno y la familia Castro en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta medida impide que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen cualquier tipo de negocio con las personas y entidades señaladas.

Junto a Díaz-Canel, fueron sancionados Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro; Raúl Alejandro Castro, nieto del exmandatario; y Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano. Además, Washington sancionó a organizaciones y sectores estratégicos del Estado como los Comités de Defensa de la Revolución, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y las empresas Amistur y la minera La Victoria.

Estas acciones forman parte de una campaña más amplia que incluye sanciones a ministros, altos mandos militares y servicios de inteligencia cubanos, así como un bloqueo petrolero de facto que afecta a Cuba desde comienzos de año. La creciente presión económica provocó la salida de cadenas hoteleras internacionales, como la española Meliá, y la suspensión de operaciones con tarjetas de crédito Visa y Mastercard en la Isla.

El presidente Díaz-Canel calificó estas medidas como una escalada "ilegítima" y sostuvo que refuerzan un escenario de confrontación que busca dañar al pueblo cubano. A través de una publicación en la red social X, denunció las declaraciones amenazadoras de Donald Trump y la “ceguera política” del gobierno estadounidense, agregando que Cuba seguirá resistiendo la “arremetida imperial” pese a los nuevos obstáculos.

Esta ronda de sanciones se sustenta en acusaciones que incluyen la represión de las protestas ciudadanas de 2021, que derivaron en arrestos masivos, y en hechos históricos como el abatimiento en 1996 de dos avionetas, por el cual Raúl Castro fue responsabilizado recientemente. La administración estadounidense reafirmó su objetivo de provocar un cambio político en Cuba, definiendo al país como un Estado colapsado y anunciando que acelerará sus acciones contra el régimen.