Fernando Clavijo vivió con gran preocupación y frustración el episodio del crucero MV Hondius, que llegó a Canarias con infección de hantavirus, debido a la falta de información clara, la ausencia de medidas preventivas y la falta de explicación por parte del Gobierno de España. Según relató, la ausencia de respuestas generó una sensación de aislamiento y una quiebra de confianza entre las autoridades estatales y el Ejecutivo regional canario.
El presidente canario criticó que el Gobierno central decidiera unilateralmente la llegada del barco a un puerto español sin realizar pruebas PCR en Cabo Verde a los pasajeros y tripulación, pese a que el crucero había estado involucrado en incidentes previos con fallecimientos. Aseguró que las autoridades españolas justificaron la decisión apelando al Derecho Marítimo Internacional, aunque el barco se encontraba en aguas soberanas de Cabo Verde, lo que contradice los argumentos oficiales.
Clavijo declaró que las autoridades canarias pidieron explicaciones y participación durante toda la crisis, pero solo recibieron silencio, lo que generó creciente malestar. Comparó la situación con el temor que sentiría cualquier familia si se les impusiera alojar a personas potencialmente contagiadas sin garantías ni información. Reclamó que se respetaran los derechos y la seguridad de los canarios, algo que, a su juicio, no ocurrió durante los días que duró el conflicto.
El dirigente señaló que esta conducta refleja una ruptura de la lealtad institucional, un principio esencial para el funcionamiento de un Estado que debe proteger a todas sus regiones por igual. El episodio, junto con la emergencia migratoria y la situación de menores inmigrantes no acompañados, destacó como uno de los momentos más difíciles en la gestión pública reciente de su legislatura.
A pesar de las dificultades y la falta de información, Clavijo aseguró haberse mantenido firme para defender la seguridad y los derechos de la población canaria, aunque admitió que la experiencia afectó su confianza institucional. El conflicto evidenció tensiones entre Canarias y el Gobierno central, que según él, trata el archipiélago como una excepción dentro del Estado español, contradiciendo la naturaleza federal real que reclama.