El gobierno municipal de Valle de Bravo, bajo la administración de Michelle Núñez Ponce, enfrenta una investigación penal luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en el manejo de más de 40 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) correspondientes a la Cuenta Pública 2024.
La denuncia surge de una auditoría detallada que examinó diez obras de infraestructura financiadas con recursos federales. La ASF detectó deficiencias graves en la documentación técnica, financiera y administrativa, como la falta de expedientes de obra, procedimientos de contratación incompletos, documentos comprobatorios insuficientes y ausencia de pruebas que confirmaran la ejecución correcta de los proyectos. Tras recibir y revisar la información presentada por el Ayuntamiento, la ASF consideró insuficiente la evidencia para justificar el uso del total de los recursos y decidió promover la denuncia penal.
Este caso forma parte de un conjunto de 21 denuncias que la ASF ha presentado ante la FGR, derivadas de auditorías a diversas entidades públicas del país. En Valle de Bravo, ahora corresponde al Ministerio Público Federal recopilar pruebas y determinar responsabilidades individuales entre los servidores públicos involucrados en la gestión, administración, supervisión y comprobación de estos recursos.
Hasta el momento, no se han divulgado nombres específicos de funcionarios implicados. Sin embargo, es probable que la investigación abarque a quienes ocupan cargos en la Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas y aquellos encargados de los procesos de contratación, autorización de pagos y supervisión de las obras. La FGR será la encargada de establecer el grado de participación y posible culpabilidad de cada servidor público conforme avance la indagatoria.
Por su parte, Michelle Núñez Ponce, que recientemente obtuvo la reelección, rechazó las observaciones de la ASF y aseguró que su administración cuenta con la documentación y pruebas necesarias para demostrar el correcto manejo de los recursos públicos.