La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos, afirmó que el actual gobierno de Morena ha creado un sistema en el que el narcotráfico no solo colabora, sino que asume el control de las decisiones políticas en México. Según Campos, esto representa un cambio radical respecto a administraciones anteriores, donde aunque existía colusión con el crimen organizado, el Estado mantenía la autoridad.

Campos señaló a Sinaloa como un laboratorio donde se experimentó esta estrategia para someter partidos, candidatos y a la ciudadanía con la ayuda de grupos criminales, logrando así victorias electorales bajo estas circunstancias. La gobernadora responsabilizó directamente a Morena por la construcción de un totalitarismo que concentra el poder y lo entrega al narcotráfico.

En un evento respaldado por dirigentes y militantes del PAN, así como ex presidentes como Vicente Fox y Felipe Calderón, Campos aseguró que su administración intentó mantener una relación adecuada con el gobierno federal, pero empezó a recibir ataques tras el operativo antinarco en la Sierra Tarahumara, donde presuntamente participaron agentes estadounidenses de la CIA. Estos hechos fueron uno de los factores que la hicieron entender que la cooperación con la Federación no era posible bajo estas condiciones.

La gobernadora también criticó la gestión de Morena por la falta de resultados en servicios básicos, señalando hospitales sin medicamentos ni médicos, carreteras en mal estado y corrupción generalizada. Resaltó que la normalización de la violencia se refleja en casos como la lucha de madres buscadoras, desplazamientos indígenas, la influencia de la narcocultura en menores, extorsiones y el reclutamiento de jóvenes por parte de cárteles que incluso controlan recursos como el agua.

En otro ámbito, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que la solicitud de juicio político contra la gobernadora Maru Campos quedó sin efecto debido a que los diputados locales que la promovieron no ratificaron a tiempo la solicitud. Esta decisión pone fin al procedimiento que buscaba la destitución de la mandataria estatal.