El gobierno de Oaxaca ha generado controversia al imponer una especie de “derecho de piso” a taxistas foráneos mediante un supuesto reordenamiento vehicular que limita el uso de cajones de estacionamiento y espacios públicos. Esta práctica, considerada por algunos como una acción que recuerda métodos de la delincuencia organizada, afecta principalmente a conductores ajenos a la zona quienes se ven obligados a pagar para operar legalmente.
Este esquema forma parte de un contexto político complejo donde el actual gobierno, alineado con Morena, apuesta a mantener una narrativa de cambio frente al pasado priista y neoliberal, aunque la realidad en la entidad muestra un estancamiento y falta de grandes obras estatales propias. La mayoría de las inversiones más significativas, como dos carreteras rápidas hacia la costa y el Istmo de Tehuantepec, así como la construcción del corredor interoceánico y algunos hospitales, dependen de fondos federales más que de recursos locales.
En la capital, el gasto estatal se concentra en proyectos de imagen urbana en municipios aledaños como Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, mientras persisten problemas graves en servicios básicos, especialmente el abasto de agua. La edificación de nuevas unidades hospitalarias plantea dudas sobre la capacidad hídrica de los mantos acuíferos regionales, con riesgo de agravar la escasez para la población local y provocar un creciente descontento social si no se concluyen a tiempo obras hidráulicas pendientes, como la presa Paso Ancho.
El conflicto con los taxistas foráneos refleja un problema más amplio de gestión y gobernabilidad en Oaxaca, donde se cuestiona la competencia y el compromiso de las autoridades para resolver problemas estructurales. El uso de tácticas de presión y cobros no oficiales evidencia un modelo de control que dificulta la apertura y desarrollo económico, al tiempo que contribuye a un clima de insatisfacción ciudadana.