El gobierno de San Luis Potosí firmó un contrato con Roger Stone y Diana London, socios de la firma Drake Ventures LLC, por un monto de 750 mil dólares para promover la economía y atraer inversiones en el sector minero del estado. Stone es conocido por su relación cercana con Donald Trump y su implicación en campañas políticas polémicas, lo que ha generado dudas sobre la verdadera finalidad de este encargo.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona justificó la contratación argumentando que buscaba incentivar la inversión minera en la entidad. Sin embargo, dada la experiencia de Stone en campañas políticas y asuntos jurídicos más que en geología o comercio, diversos actores políticos y analistas cuestionan la pertinencia de su participación en este tipo de promoción económica.
Stone, famoso por su papel en operaciones políticas controversiales en Estados Unidos y su protagonismo en la defensa de personajes de alto perfil, también ha sido vinculado con estrategias que involucran reducciones de penas e indultos. Su historial incluye asesorías durante casos delicados, como el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Nueva York por narcotráfico y posteriormente indultado por Trump.
Este movimiento se da en un contexto de crecientes tensiones políticas y mediáticas, con filtraciones sobre presuntas conexiones entre políticos mexicanos y actividades relacionadas con el narcotráfico. Gobernadores de estados vecinos como Sonora y Tamaulipas han enfrentado recientes acusaciones que han escalado hasta medios internacionales. En este entorno, contratar a un asesor cercano a la órbita trumpista se interpreta más como una medida para gestionar riesgos personales que una estrategia comercial convencional.
Desde la Ciudad de México, la presidenta del país adoptó una postura institucional y distante frente al caso. Claudia Sheinbaum aclaró que no existe prohibición para que gobiernos locales contraten consultores extranjeros, pero subrayó que esta elección refleja una postura ética y política propia de cada administración. El gobernador Gallardo negó que el contrato tenga motivaciones electorales, afirmación que no disipó todas las dudas en la opinión pública.