El Gobierno anunció que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), que operaba con autonomía desde hace más de dos décadas, perderá su independencia para integrarse al sector de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). Esta modificación implica que la Prodecon dejará de ser un organismo descentralizado no sectorizado y pasará a depender directamente de esta secretaría.
Como resultado, el Órgano de Gobierno de la Prodecon ya no estará presidido por el Procurador sino por la titular de la SABG, Raquel Buenrostro. También se cambia la forma de designar al Procurador: ya no lo nombrará el Senado a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo, sino que será la propia Presidenta Claudia Sheinbaum quien lo designe, con una ratificación que podrá darse por mayoría simple en el Senado o Comisión Permanente.
Actualmente, la Prodecon cuenta con un Subprocurador en funciones de titular, Gilberto Camacho Botello, y no con un Procurador nombrado legítimamente por el Senado. En paralelo, el presupuesto asignado a esta dependencia ha disminuido en términos reales en esta administración, ubicándose en 765 millones de pesos para 2026, cifra inferior a la de 2024, considerando la inflación.
La iniciativa oficial expone que, aunque la independencia funcional fue necesaria al crear la Prodecon, el entorno actual del sistema administrativo federal demanda su transformación para fortalecer el combate a la corrupción, mejorar la regulación, la eficiencia gubernamental y el empoderamiento ciudadano. Por ello, se plantea una adecuación normativa para dotar a la Prodecon de mayor coherencia institucional y mecanismos de control más estrictos.
Además del órgano interno de control con que ya cuenta, la Prodecon incorporará un Órgano de Vigilancia para supervisar su gestión. Esta reforma equipara el estatus de la Prodecon con el de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que también pasó de gozar de autonomía constitucional a depender de la Secretaría de Economía.