El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, confirmó que el Gobierno Federal no ofrece protección al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien permanece bajo licencia tras dejar el cargo hace poco más de un mes. La vigilancia sobre el exfuncionario recae exclusivamente en elementos estatales, tanto de la policía como de la fiscalía locales.
Durante su comparecencia, García Harfuch fue enfático al descartar la participación de agentes federales en la protección personal de Rocha Moya. Esto contrasta con versiones anteriores, incluida la de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que el exgobernador solicitó apoyo federal. Según el secretario, ni el exmandatario pidió protección ni el Gabinete de Seguridad la otorgó de forma voluntaria.
La postura oficial fue clara también respecto a otros funcionarios relacionados con investigaciones internacionales y acusados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. García Harfuch subrayó que ninguno de ellos cuenta con blindaje ni de la Secretaría de la Defensa Nacional, ni de la Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni de la Fiscalía General de la República.
Con esta posición, el Gobierno Federal deslinda su responsabilidad de la seguridad de exfuncionarios implicados o señalados en estos casos, dejando bajo la responsabilidad de las autoridades estatales el resguardo y vigilancia de estas personas. En el caso concreto de Sinaloa, toda la logística y el despliegue de escoltas quedan a cargo de la estructura estatal, sin ningún trámite ni solicitud formal para recibir protección federal.