Begoña Gómez, pareja del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue imputada formalmente y enfrenta un juicio por cuatro delitos graves: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. La causa fue abierta por el juez Juan Carlos Peinado de la Audiencia Provincial de Madrid.
Para asegurar su presencia durante el proceso, el juez impuso medidas cautelares. Gómez deberá entregar su pasaporte, tiene prohibido abandonar España y está obligada a comparecer cada quince días ante el juzgado para demostrar su disponibilidad con la justicia. Estas restricciones se justificaron considerando su condición de figura pública con compromisos internacionales derivados del cargo de su esposo.
La acusación se centra en actividades profesionales privadas de Gómez en las que, según el juez, habría utilizado su posición para obtener favores de empresas y de la administración pública. Junto a ella, serán juzgados también una alta funcionaria del Palacio de La Moncloa y un empresario vinculado a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense, a quien se acusa de facilitar estas supuestas irregularidades.
El magistrado Peinado ha estado envuelto en polémicas previas por sus decisiones judiciales y ha recibido correcciones de instancias superiores. Con esta decisión, se da paso a la apertura del juicio oral ante el jurado popular, que será organizado por la Audiencia Provincial de Madrid, la cual también determinará la sala y las fechas para las audiencias.
Sin embargo, el proceso aún puede verse afectado por recursos presentados por la defensa y la Fiscalía, que desde el principio se ha manifestado contraria a la existencia de delitos en este caso. Estos recursos están pendientes de resolución por la Sección 23 de la Audiencia Provincial.
Por último, la decisión del juez generó una reacción oficial. El ministro del Interior español expresó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial en relación con cuestionamientos sobre la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, vinculados a esta causa, evidenciando la tensión política y judicial que rodea al caso.