La comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat de Cataluña vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda política, convocada para tratar proyectos esenciales incluidos en los presupuestos de la Generalitat. Entre los temas principales que se abordarán figuran la puesta en marcha de la línea de tren orbital, el impulso a una sociedad de inversiones conjunta y la modificación de mayorías en el Consorci de la Zona Franca.
Durante el actual mandato del presidente Salvador Illa, esta comisión se ha reunido en dos ocasiones. Su eficacia ha sido objeto de debate, particularmente en relación con el cumplimiento de los compromisos alcanzados entre ambos gobiernos. Uno de los acuerdos más relevantes asumidos en la primera reunión, celebrada en febrero de 2025, fue la ampliación gradual de la plantilla de Mossos d’Esquadra hasta los 25 000 agentes, un aumento significativo desde los aproximadamente 19 500 efectivos actuales. Para alcanzar esta cifra, el Govern ya incluyó en los presupuestos de 2026 la convocatoria de casi 1 600 plazas nuevas, aunque el proceso se vio frenado por la falta de apoyos parlamentarios, lo que llevó a la retirada temporal de las cuentas. La intención es retomar esta iniciativa en las próximas semanas, cuando se espera contar con el respaldo necesario para su aprobación.
Otro punto pendiente es la mejora en la administración de justicia catalana. Ambas administraciones reconocieron la necesidad de fortalecer el sistema judicial, acordando incrementar la plantilla de jueces. El Ministerio de Justicia remitió hace dos meses una propuesta para aumentar el número de magistrados en 91, con una distribución territorial definida. La Generalitat y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña enviaron sus observaciones, y aguardan la versión definitiva antes del verano.
Además, la Generalitat logró que el Estado transfiriera competencias para convocar ofertas públicas de plazas de funcionarios con habilitación nacional, como interventores, secretarios y tesoreros municipales. Estos perfiles son esenciales para el funcionamiento de los ayuntamientos, en especial los de menor tamaño, que padecen falta de personal. El Govern planea lanzar este mismo año una convocatoria de 500 plazas en este ámbito, después de meses de negociaciones que hicieron de esta transferencia un logro destacado para el departamento de Presidencia.
Por último, la comisión bilateral acordó también la creación de un consorcio de inversiones con la finalidad de acelerar las inversiones estatales en Cataluña. Esta iniciativa fue recogida en una ley promovida en el Congreso un año después del pacto inicial, aunque dicha norma fue rechazada, lo que paraliza la puesta en marcha efectiva del consorcio.