La Suprema Corte de Justicia de Argentina confirmó una medida cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario. Esta resolución, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, garantiza la actualización de salarios docentes y no docentes, así como de las becas estudiantiles, conforme a la inflación vigente.
La normativa, aprobada por el Congreso y vetada parcialmente por Milei, enfrentó una dura polémica que ahora recibió un respaldo judicial definitivo. La Corte rechazó el pedido de recusación presentado por el Ejecutivo contra los magistrados, quien cuestionaba su imparcialidad al destacar que todos ellos se habían formado en universidades públicas. De este modo, avaló el fallo previo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que ya había ordenado respetar los artículos 5 y 6 de la ley.
La causa se inició a partir de una demanda colectiva encabezada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a los rectores de 61 universidades públicas y otras 14 provinciales. La intervención judicial se produjo en un contexto de negociaciones entre el gobierno y las casas de estudio. El pasado 10 de junio, las autoridades acordaron un aumento salarial del 24,33% para el cuerpo docente y el personal no docente, distribuido entre junio y octubre, en sintonía con las exigencias de la ley.