La contienda electoral en San Luis Potosí ya está marcada por un duro enfrentamiento entre el gobernador y el gobierno federal, que rechaza la intención de perpetuar el poder local a través de la familia del mandatario. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje claro contra el nepotismo, señalando que no acepta que un puesto público sea heredado a familiares, aunque sea mediante votación popular.
Este pronunciamiento afectó directamente la candidatura de Ruth González Silva, senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, quien buscaba sucederlo en el cargo. En respuesta, el Partido Verde decidió no registrar formalmente su postulación dentro de la coalición, una señal que obedeció a la «prudencia» frente a la advertencia presidencial.
La posición de Morena busca debilitar las estructuras de poder locales y limitar los cacicazgos regionales fortalecidos durante la administración actual. Aunque la alianza con el gobernador se mantiene por estratégica, la presidencia opera para controlar abusos y evitar la consolidación de dinastías políticas que contradicen el discurso de transformación democrática.
El gobernador Gallardo acumuló desde su llegada al poder un dominio amplio, controlando las finanzas estatales y el sistema judicial a su favor, lo que incrementó la concentración del poder local. Sin embargo, al proteger su alianza con Morena, el gobierno federal impone límites que se expresan en la exclusión de la actual senadora y en la vigilancia sobre los procesos electorales.
En paralelo, el aparato mediático vinculado al gobernador lanzó una campaña agresiva contra Gerardo Sánchez Zumaya, considerado el único rival competitivo con posibilidades reales en el proceso interno de Morena. La estrategia se centró en desacreditarlo por supuestas presuntas vinculaciones con contratos en Pemex, evidenciando la disputa entre fuerzas políticas internas y la batalla por el control estatal.