La conexión final de la autovía EX-A1 con Portugal sigue paralizada debido a la ausencia de un acuerdo bilateral entre España y Portugal para construir el puente internacional y sus accesos. Frente a este bloqueo y la imposibilidad de acceder a fondos europeos, la Junta de Extremadura insiste en que la colaboración público-privada es la única vía viable para concluir esta infraestructura.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, detalló que el coste total del proyecto asciende a unos 270 millones de euros. De esa cifra, el tramo entre Moraleja y Cilleros costaría alrededor de 114 millones, el trayecto de Cilleros hasta la conexión con el puente unos 100 millones, y la construcción del acceso y el propio puente sumarían 60 millones. Estos cálculos reflejan cifras actuales, sin estimaciones optimistas.

Ante la lentitud del Gobierno central y la falta de financiación pública tradicional, la Junta propone un modelo de concesión con pago por disponibilidad. Esto significa que una empresa privada se encargaría de la construcción, financiamiento y mantenimiento durante un plazo definido, y la Administración pagaría un canon anual para garantizar la disponibilidad y calidad de la vía. Así, los usuarios no abonarían peajes directos al circular, aunque la infraestructura se sostendría con fondos públicos.

Esta fórmula ha generado críticas especialmente desde la oposición, que denuncia un incremento en el coste final para los ciudadanos al tratarse de «peajes en la sombra». El PSOE pidió al consejero Ramírez que publique el estudio de viabilidad con los detalles económicos para comparar este sistema con la financiación pública tradicional. Juan Ramón Ferreira, diputado socialista, señaló que este modelo podría implicar costes superiores y reprochó al Gobierno central por no avanzar en el acuerdo con Portugal, lo que agrava la situación.

Desde la Junta, por su parte, se recalca que la demora y el encarecimiento no dependen exclusivamente de la colaboración público-privada, sino también de la falta de un convenio bilateral que permita ejecutar el puente internacional. Mientras tanto, la alternativa de concesión podría garantizar que la obra continúe adelante y que la autovía reduzca los tiempos de viaje entre Extremadura y la frontera portuguesa.