La ministra Yasmín Esquivel Mossa admitió que la reforma judicial en México no es definitiva y requiere ajustes para perfeccionar su aplicación. Esta valoración se da en un contexto donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un caso determinante para evaluar la constitucionalidad del uso de pruebas obtenidas en Estados Unidos para condenar en territorio mexicano.
El caso en cuestión involucra a un mexicano sentenciado desde 1996, lo que abre un debate sobre la validez y el peso de estas evidencias extranjeras dentro del sistema jurídico nacional. La SCJN deberá definir si estos recursos son viables o si se vulneran derechos constitucionales en su presentación y valoración.
Mientras tanto, diversos colectivos sociales y políticos en México continúan movilizándose entorno a problemáticas de seguridad y justicia. Por ejemplo, el grupo Madres Buscadoras localizó un supuesto crematorio clandestino en Lagos de Moreno y halló un cuerpo en la Zona Metropolitana, evidenciando la persistencia de violencia y complicaciones en las investigaciones forenses.
En el ámbito legislativo, Morena enfrenta críticas desde otros partidos. El PRI atribuye al oficialismo un desgaste por diversos factores, incluidos casos de corrupción y la inseguridad creciente, al tiempo que la oposición cuestiona la eficacia del gobierno para atender estos problemas.
Además, otros movimientos sociales, como la CNTE, anunciaron una huelga nacional y manifestaciones en la Ciudad de México al denunciar la falta de atención a sus demandas. En paralelo, temas ambientales preocupan a legisladores ante riesgos de daño irreparable, como el caso del Parque Nacional Bahía de Loreto amenazado por megacruceros.
Estos diferentes focos de tensión muestran un panorama complejo en México, donde la justicia, la seguridad y la participación cívica se entrelazan con desafíos estructurales que todavía exigen respuestas claras y reformas concretas.