La Unidad Central Operativa (UCO) denunció que un capitán de la Guardia Civil facilitó a una presunta red criminal datos sensibles sobre la organización interna y funciones del cuerpo policial, información protegida bajo la Ley de Secretos Oficiales. El documento apunta a Juan Sánchez Yepes como el responsable de proveer estos detalles a la llamada trama de Leire Díez, vinculada a operaciones de corrupción económica y política.
Según el informe dirigido al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, Sánchez Yepes, investigado por supuestos cobros ilegales mediante criptomonedas en el caso Hidrocarburos, aportó datos reservados sobre la estructura y miembros de la UCO, poniendo especial atención en Antonio Balas, el teniente coronel jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción. El oficio subraya que estas revelaciones involucran información secreta amparada por el Acuerdo del Consejo de Ministros y la Ley 9/1968, que regula los secretos oficiales.
El documento también resalta que el propio Sánchez Yepes era consciente de la ilegalidad de sus actos. En una grabación obtenida durante la investigación, reconoció que estaba cometiendo un delito al compartir la composición, funcionamiento y nombres de integrantes de la UCO, conscientes del riesgo que ello implicaba a nivel personal y profesional. Esta conversación incluye a Leire Díez, a Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo, defensor de Yepes en las pesquisas relacionadas con la trama.
En dicha charla, el capitán aseguró que uno de los responsables de las investigaciones anticorrupción dependía directamente de Antonio Balas, a quien describió como una figura clave dentro de la Fiscalía Anticorrupción y con posibilidades de asumir próximamente el liderazgo total de la UCO. Según Sánchez Yepes, Balas ha dirigido casos relevantes como la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y posee gran influencia en las operaciones contra la delincuencia económica.