La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó en un informe que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocía la actividad desarrollada por Leire Díez, señalada como la “fontanera” del PSOE en la supuesta trama destinada a obstaculizar causas judiciales contra el partido y su entorno. Este documento, remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se basa en mensajes y audios interceptados que demostrarían la vinculación directa del presidente con las maniobras investigadas.
En particular, la UCO se centra en una conversación mantenida el 30 de enero de 2025 entre Díez y el abogado Ismael Oliver, quien defendió a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. En ese intercambio, Oliver insistió en que había que actuar y no solo escuchar, a lo que Díez respondió que el “presi”, en referencia a Sánchez, lo tenía claro. La Guardia Civil interpreta este reconocimiento como una confirmación del conocimiento y consentimiento del presidente sobre la estrategia que implicaba actividades consideradas "aparentemente delictivas".
El informe añade que Oliver, designado por la organización para defender a García, habría utilizado esta posición para promover denuncias contra la UCO. Según la Guardia Civil, las referencias en el chat a “presi” y “jefe” apuntan respectivamente a Pedro Sánchez y al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien también aparece en las comunicaciones con responsabilidades dentro de esta trama coordinada. En un mensaje del 29 de enero, Díez mencionó que Cerdán le delegó la dirección de toda la estrategia jurídica planteada para proteger a Koldo García y otros actores involucrados.
Fuentes cercanas a Ismael Oliver rechazaron las conclusiones policiales al calificarlas de “falsas”, pero el informe insiste en la relevancia de estas conversaciones interceptadas para vincular a la cúpula del PSOE con las maniobras ilegales. Este expediente es parte de una investigación más amplia que busca esclarecer las supuestas actuaciones irregulares dentro del partido y el Gobierno, particularmente en relación con la defensa judicial contra acusaciones abiertas.