En México, la verdadera pregunta que ha dejado en evidencia el debate reciente entre Claudia Sheinbaum y Felipe Calderón es “¿quién decide realmente en el país?” Esta incómoda interrogante muestra una crisis de representación ciudadana, donde voces políticas se acusan mutuamente, pero la participación popular sigue siendo marginal.

El escenario político mexicano destaca por una creciente desconfianza en la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones del Estado. Aunque se han realizado consultas y mecanismos de participación directa durante la administración actual, estos procesos se han limitado a temas impulsados desde el poder y con una respuesta electoral escasa, lo que cuestiona su legitimidad como herramientas genuinas de democracia.

Para entender esta realidad se debe distinguir entre la democracia representativa, basada en elecciones periódicas para elegir gobernantes, y la democracia directa, caracterizada por la participación activa de la ciudadanía mediante referendos o iniciativas populares. Según expertos, la implementación efectiva de esta última requiere condiciones que México actualmente no cumple: ni una crisis profunda que movilice la participación, ni un recuerdo reciente y exitoso de estos mecanismos, ni un régimen democrático consolidado.

De hecho, recientes estudios internacionales, como el proyecto V-Dem, han clasificado a México como una “autocracia electoral”, señalando un retroceso en estándares democráticos. En ese marco, los distintos actores políticos y económicos ejercen poder de formas que desplazan a los ciudadanos del centro de la toma de decisiones.

Entre las alternativas que se plantean está la influencia directa de Estados Unidos, el control del crimen organizado o el peso de grandes capitales y la clase política local, que parecen operar con agendas propias, poco transparentes y alejadas del interés popular. Así, las discusiones públicas se polarizan entre posturas partidistas, pero casi nunca reflejan un sentir ciudadano auténtico ni una participación real en la construcción del poder.

En consecuencia, la democracia mexicana transita en un entorno complejo donde las consultas ciudadanas actuales tienden a ser más simbólicas que efectivas, sirviendo para legitimar decisiones ya tomadas desde el Ejecutivo y con escasa participación. Se anticipa que estos mecanismos continúen utilizándose con fines políticos, más que como una vía para un involucramiento ciudadano profundo y significativo.