El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó la propuesta de aplazamiento de las próximas elecciones judiciales que busca implementar el Instituto Nacional Electoral (INE), una iniciativa que plantea posponer los comicios hasta octubre de 2028 para evitar que coincidan con otros procesos electorales como la revocación de mandato. Este rechazo se suma a la postura crítica de diversos actores políticos que anticipan un rechazo mayoritario en el Congreso.

La propuesta original del INE consideraba que celebrar las elecciones judiciales y la revocación de mandato simultáneamente podría influir en el voto, generando un efecto arrastre que afecte la autonomía y legitimidad de los comicios. Sin embargo, el PRI aseguró que aplazar estos procesos atentaría contra la normalidad constitucional y complicaría la renovación de órganos judiciales fundamentales.

En este contexto, el líder del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó que su partido apoyará en bloque la oposición a esta iniciativa, junto con otros grupos parlamentarios que consideran que el aplazamiento debilita la justicia electoral y la transparencia. Del mismo modo, Ricardo Moreira señaló que el voto en contra será contundente y apeló a respetar los calendarios establecidos por la ley.

Por otra parte, el rechazo del PRI se da en un momento de controversias adicionales en el ámbito político y jurídico del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó recientemente una serie de reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobadas en procedimientos acelerados por el Senado, lo que ha generado debate sobre el equilibrio entre poderes.

También cabe señalar que la Secretaría de Gobernación descartó modificar actualmente la ley para incluir a las madres buscadoras dentro de un mecanismo formal de protección, mientras se atiende la protección a cientos de personas en situación de riesgo.

La discusión sobre la fecha y el formato de las elecciones judiciales refleja tensiones políticas que involucran a diferentes actores e instituciones, incluyendo al INE, los partidos políticos y la SCJN. La definición definitiva sobre el calendario electoral está pendiente de votaciones en las próximas sesiones del Congreso.