El Ejecutivo federal anunció la intención de aplazar la elección del Poder Judicial originalmente programada para 2027 y reprogramarla para junio de 2028. Esta decisión busca evitar que la población enfrente una compleja doble jornada electoral, que incluiría votar en múltiples casillas por cargos ordinarios y judiciales, lo que complicaría la logística y afectaría a los ciudadanos.

La propuesta, que será enviada formalmente al Congreso, contempla además que las futuras elecciones judiciales se alineen con los procesos electorales ordinarios de 2030, 2033 y 2036, con el objetivo de simplificar la organización y optimizar recursos. Este cambio responde a un análisis sobre el impacto operativo que tendría una elección simultánea en 2027.

Entre los cargos que se renovarían en 2028 están distintas magistraturas del Tribunal Electoral y tribunales locales, además de miles de jueces en diferentes entidades del país. Esta renovación incluye:

  • Cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
  • 463 magistraturas en Tribunales Colegiados de Circuito.
  • 385 jueces de Distrito.
  • 424 magistraturas locales.
  • 2,831 jueces locales distribuidos en 25 entidades federativas.

La reforma también plantea modificaciones para hacer más eficiente la elección judicial, como la simplificación en el diseño de boletas, la creación de una Comisión Coordinadora, y una capacitación continua y obligatoria para jueces y magistrados. Igualmente, pretende que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargue de la división territorial en distritos judiciales y permita que las elecciones judiciales y ordinarias se realicen en una misma ubicación para facilitar la votación.

En cuanto al cómputo de votos, la iniciativa establece que este se realizará directamente en las casillas, agilizando el conteo y evitando traslados adicionales. Además, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se propone crear dos nuevas secciones para atender eficientemente los asuntos judiciales y establecer reglas claras para cubrir vacantes derivadas de renuncias, destituciones o fallecimientos, posponiendo la renovación hasta la próxima elección judicial.

Esta reforma forma parte del paquete impulsado desde 2025 para la elección popular de jueces, magistrados y ministros, que continúa generando debate político y social en torno a su alcance y viabilidad operativa.