Una iniciativa para reformar el artículo 94 de la Constitución Política busca establecer mecanismos institucionales que protejan a las personas juzgadoras involucradas en procesos relacionados con la delincuencia organizada y otros delitos graves. La propuesta enfatiza la necesidad de medidas especiales que aseguren la integridad física y la independencia de los jueces durante el desarrollo de estos casos.
Entre las medidas planteadas se incluyen la posibilidad de reservar temporalmente la identidad pública de los juzgadores y el uso de apoyos tecnológicos y protocolos de seguridad diseñados para evitar presiones o amenazas. Estas acciones, argumentan, son fundamentales para garantizar que las decisiones judiciales se tomen sin interferencias externas, preservando así el ejercicio autónomo de la justicia.
El documento dirigido a la Comisión de Puntos Constitucionales subraya que la delincuencia organizada representa un reto complejo para los sistemas judiciales debido a las estructuras jerárquicas y los recursos con los que cuentan estas redes criminales. En México, grupos delictivos han implementado estrategias de intimidación y violencia contra operadores del sistema penal, incluidos fiscales, policías, peritos y jueces, lo que pone en riesgo la correcta impartición de justicia.
La propuesta sostiene que el Estado está obligado a tomar medidas adecuadas para proteger a quienes ejercen funciones jurisdiccionales y que enfrentan amenazas serias a su vida o integridad física. La seguridad de los jueces es clave para mantener la independencia judicial y garantizar que actúen con libertad y sin temor a represalias.
Finalmente, se recalca que estas garantías no afectan el debido proceso ni los derechos de las partes involucradas, sino que buscan asegurar que las resoluciones judiciales se adopten en condiciones seguras y con plena autonomía.