El Congreso de San Luis Potosí aprobó un decreto para alinear la legislación local con el marco federal, incluyendo la autorización del voto para personas en prisión preventiva sin sentencia firme. Esta medida representa un avance en el ejercicio del derecho al sufragio para quienes aún no cuentan con una condena definitiva, ampliando la participación ciudadana dentro de la entidad.
Además, la reforma introduce cambios estructurales en la administración municipal al reducir la figura de sindicaturas a una sola, garantizando la paridad de género en su conformación, junto con una presidencia y regidurías integradas tanto por mayoría relativa como por representación proporcional.
En materia electoral, la ley ahora establece que los candidatos podrán optar por someterse a controles de confianza de manera voluntaria en centros acreditados, sin que dicha evaluación sea obligatoria ni afecte su elegibilidad si deciden no realizarla. Este mecanismo busca incrementar la transparencia y la confianza en quienes aspiran a cargos públicos.
Para fomentar el liderazgo de mujeres y jóvenes, los partidos políticos deberán destinar un porcentaje mínimo de su financiamiento público ordinario a estas dos grupos, propiciando la inclusión y el desarrollo de nuevos cuadros políticos en San Luis Potosí.
Asimismo, se estableció que los convenios de coalición deben registrarse con anticipación, treinta días antes del inicio de las precampañas, mientras que las solicitudes de candidaturas ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) deberán efectuarse preferentemente por medios electrónicos, mejorando la seguridad y trazabilidad de los procesos.
Finalmente, el Poder Legislativo estatal incluyó en la Constitución y la Ley de Justicia Electoral una nueva causa de nulidad electoral: la injerencia extranjera que afecte los resultados. Con esta disposición, se busca proteger la soberanía nacional y garantizar la integridad de las elecciones frente a posibles influencias externas indebidas.