La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se negó a opinar sobre las pruebas que la jueza Katherine Polk calificó como «abundantes» en la acusación contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el general retirado Gerardo Mérida Sánchez y otros ocho implicados originarios de Sinaloa. Ante preguntas de la prensa, la mandataria señaló que es un tema que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) y que ella no debe intervenir en ese análisis.
El caso se sigue en la Corte de Nueva York, donde Mérida Sánchez, detenido y vestido con uniforme kaki, compareció encadenado en la audiencia más reciente. La jueza Polk señaló que existen numerosas evidencias en el expediente y que son varios los acusados que están siendo procesados en etapas. Se estableció un calendario para resolver mociones bajo la Ley de Juicio Rápido, con un plazo de 60 días para revisar las pruebas. La siguiente audiencia quedó programada para agosto y el acusado podrá examinar el material en su contra para tomar decisiones sobre su defensa.
Gerardo Mérida fue arrestado en Arizona y enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer armamento. Él se declaró no culpable y podría recibir una condena de cadena perpetua si es encontrado responsable. En este contexto, la FGR debe definir la postura oficial respecto a la acusación, mientras que Sheinbaum desvinculó a su administración del manejo o juicio de las evidencias en cuestión.

