Cinco oficiales activos de la Guardia Nacional enfrentan un proceso penal por su presunta participación en una red que retenía ilegalmente a pasajeros en las inmediaciones de aeropuertos para exigirles dinero a cambio de liberarlos.
Un juzgado penal dictó la vinculación a proceso de los imputados y estableció la prisión preventiva justificada como medida cautelar mientras se realizan las investigaciones complementarias, que tendrán un plazo de tres meses. El caso involucra dos expedientes independientes centrados en el delito de secuestro exprés.
En el primer expediente se procesa a cuatro agentes, entre ellos un sargento primero, acusados de retener a la fuerza a un ciudadano guatemalteco que llegaba desde la Ciudad de México. Se presume que existen más víctimas que aún no han presentado denuncia formal. En el segundo expediente, un solo oficial fue identificado por interceptar a un pasajero en la zona de transporte público terrestre y condicionar su liberación a un pago en efectivo.
Durante las audiencias, el tribunal desestimó el cargo inicial de extorsión, argumentando que esta figura estaba incluida dentro de la calificación del secuestro exprés, por lo que los oficiales serán juzgados únicamente bajo esta imputación grave mientras permanecen recluidos en un centro penitenciario.
Este caso ha generado inquietud en la sociedad y en varios sectores que exigen una depuración urgente en las corporaciones de seguridad pública federal. La implicación de personal militarizado en actos que vulneran los derechos humanos de viajeros pone en entredicho la confianza en las fuerzas de seguridad encargadas de la vigilancia estratégica en puntos clave como los aeropuertos.