El sector salud mexicano enfrenta una encrucijada. En el primer trimestre de 2026, los precios de los seguros médicos subieron entre un 20% y un 75%, afectando principalmente a la población adulta mayor. Los mayores de 65 años soportan las pólizas más onerosas, con costos que pueden alcanzar los 300,000 pesos anuales.
Ante esta situación, se propuso una reforma integral destinada a reducir costos, mejorar tiempos de respuesta, establecer sanciones por abusos y combatir la opacidad de las pólizas. Sin embargo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados retiró el dictamen de su agenda, citando dudas sobre su impacto fiscal y la necesidad de un análisis más profundo de viabilidad financiera. La discusión quedó pospuesta de manera indefinida.
La reforma se impulsó como respuesta al elevado número de quejas registradas en la CONDUSEF, donde empresas como GNP, Quálitas y Chubb concentran un volumen significativo de reclamaciones. La medida buscaba también regular los abusos particulares en el ramo de gastos médicos mayores.
Mientras tanto, otra controversia sacude al IMSS. La Ministra Lenia Batres emitió un voto disidente contra una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional el artículo 42 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS. Ese artículo excluía la entrega de anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos, prótesis y órtesis.
La Corte, por mayoría de votos, obligó al IMSS a garantizar y costear estos dispositivos médicos, particularmente para menores de edad con discapacidad. Batres argumentó que imponer esta obligación sin análisis técnico previo podría generar un impacto financiero insostenible. A pesar de su voto en contra, la sentencia tiene efectos generales, lo que sienta precedente para que cualquier derechohabiente exija estos apoyos.
La postura de la ministra contrasta con el humanismo que el oficialismo proclama defender. Mientras tanto, la capacidad del sistema público para garantizar servicios de calidad sigue siendo cuestionada, tanto en su vertiente administrativa como en su dimensión financiera.
