El Congreso del estado fortaleció la legislación penal para combatir el abigeato y el tráfico ilegal de ganado, con el fin de proteger la producción pecuaria. La LXVII Legislatura aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que crea un capítulo específico sobre Delitos contra la Producción Pecuaria, estableciendo sanciones más severas y procedimientos claros para la persecución de estos ilícitos.

La iniciativa, impulsada por la diputada Naomi Edith Gómez Santos en conjunto con el legislador con licencia Roberto Francisco San Román Solana, añade el título VII Bis al Código Penal. También deroga un capítulo previo, buscando evitar pérdidas económicas al sector primario mediante una tipificación más precisa y penas proporcionales al daño social causado.

El nuevo marco legal define el delito de abigeato como la sustracción, disposición o sacrificio de ganado sin consentimiento del propietario o tenedor legal. Para quienes cometan estos actos, la pena prevista va de seis a doce años de prisión y multas de hasta trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Si el ganado es bovino o caballar, las sanciones aumentan hasta quince años y multas de hasta cuatrocientas UMAs.

Además, el dictamen tipifica el tráfico ilegal de ganado, estableciendo responsabilidades para quien, con la intención de obtener beneficios ilícitos o evadir controles sanitarios, introduzca o movilice animales sin la documentación necesaria. Esto incluye no contar con permisos federales o estatales en materia de sanidad animal, movilización o identificación individual, así como transportar o comercializar especies sin las autorizaciones correspondientes.

Para el tráfico ilegal, la ley penaliza conductas que vulneran los sistemas de control sanitario y la trazabilidad pecuaria, fundamentales para frenar enfermedades y garantizar la legalidad en el comercio ganadero. Esta reforma se inspira en modelos exitosos aplicados en entidades como Tabasco, Chihuahua y Sinaloa, que han logrado mejorar la protección del sector primario.

Con estas modificaciones, la Legislatura busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad del abigeato y el tráfico ilícito, promoviendo una mayor seguridad jurídica para los productores y contribuyendo a la estabilidad económica rural.