El gobierno de Puebla defendió un mecanismo de coordinación con una centena de municipios para mejorar la recaudación del impuesto predial, en medio de cuestionamientos sobre su constitucionalidad y posibles motivaciones políticas. Tanto el gobernador Alejandro Armenta Mier como la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Daniela Pérez Calderón, argumentaron que se trata de un instrumento legal destinado a fortalecer los ingresos municipales sin afectar su autonomía.
Armenta Mier rechazó las críticas divulgadas en redes sociales y enfatizó que la intención es apoyar a los presidentes municipales en tareas administrativas y operativas. "Sólo pensamos en ayudarles a los presidentes municipales, sólo pensamos cómo les vamos a ayudar con la maquinaria, cómo les vamos a ayudar con obra comunitaria", expresó. El gobernador vinculó parte de las objeciones con el contexto electoral próximo a 2027.
Pérez Calderón explicó que estos convenios de coordinación administrativa permiten a los municipios acceder a incentivos federales del Fondo de Fomento Municipal, previstos en la Ley de Coordinación Fiscal Federal. A nivel nacional, indicó que 891 municipios en 26 entidades operan bajo este esquema, lo que les permite obtener hasta el 30% de los ingresos excedentes. Según la funcionaria, Puebla no había podido acceder a estos recursos por carecer de mecanismos administrativos adecuados.
Para habilitar jurídicamente los convenios, en mayo de 2025 se reformó la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado y sus Municipios, con acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El modelo prevé que el gobierno proporcione soporte técnico a través de su red de recaudación, que comprende 861 puntos de pago distribuidos en centros integrales de servicios, bancos y comercios.
Actualmente, el impuesto predial registra rezagos de entre 50% y 60% en distintas demarcaciones, limitando la capacidad de los gobiernos locales para generar ingresos propios. Hasta ahora, 100 de los 217 municipios poblanos han aprobado en cabildo su incorporación al esquema. Pérez Calderón negó que la medida sea inconstitucional, recaudatoria o orientada a asegurar reelecciones, mientras Armenta Mier reiteró que no contraviene la Constitución ni vulnera la soberanía municipal.
