El último avance en las reformas económicas cubanas permite a las gasolineras estatales fijar sus precios minoristas de forma independiente, basados en los costos reales de importación. Esta medida, anunciada por el Ministerio de Finanzas y Precios, representa un cambio significativo tras décadas de control estatal sobre la comercialización del combustible.

Esta apertura busca crear condiciones para múltiples actores en la importación y venta de combustibles en moneda extranjera, insinuando una progresiva liberalización del sector. Sin embargo, expertos independientes consideran que esta modificación, aunque positiva, llega tarde frente a las necesidades urgentes del país, especialmente ante la persistente escasez de combustible y los apagones eléctricos que han afectado la isla desde 2021.

El economista cubano Daniel Torralbas destaca que, durante años, el Gobierno permitió que el sector privado importara combustible, pero no autorizó su venta al por menor, manteniendo el monopolio estatal en esta etapa de la cadena comercial. La liberación de los precios minoristas podría facilitar el ingreso de más suministros, pero señala que el sector privado no tiene la capacidad financiera para suplir toda la demanda nacional ni debe asumir esa responsabilidad.

Además, las reformas económicas en Cuba enfrentan un principal obstáculo en las sanciones estadounidenses, especialmente la Orden Ejecutiva adoptada durante la administración Trump, que congela activos y penaliza a personas o entidades con vínculos económicos con la isla. Según Torralbas, estas restricciones limitan la llegada de inversiones extranjeras, un factor clave para reactivar el crecimiento.

En un contexto de severa contracción económica, con previsiones que estiman una caída del Producto Interno Bruto superior al 6% para 2026 y un retroceso acumulado desde 2020, el Gobierno cubano ha impulsado también el Decreto-Ley 117. Esta norma busca promover la inversión de cubanos residentes en el exterior, una vía para aliviar las limitaciones financieras internas, aunque el efecto podría ser limitado por las sanciones y restricciones externas.

Las reformas, que incluyen la autorización de más pequeñas y medianas empresas y la apertura a la inversión extranjera, responden a una crisis prolongada donde la economía estatal y el bloqueo externo han obstaculizado la oferta y la estabilidad energética y comercial. No obstante, el ritmo y las condiciones en que estas medidas se despliegan generan dudas sobre su capacidad para revertir el escenario de escasez y estancamiento.