La concesión del rastro de Tonalá a una empresa vinculada a tres hermanos del alcalde ha desatado una polémica por posibles irregularidades y conflicto de intereses. La operación se formalizó bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) tras la clausura del rastro por violaciones ambientales y problemas de insalubridad, pero la presencia de familiares en la empresa concesionaria pone en duda la legalidad del proceso.

El Cabildo de Tonalá aprobó a principios de 2024 el cierre definitivo del rastro municipal, además de autorizar un modelo APP para que una empresa privada opere las instalaciones por hasta 25 años. En esta ruta, se entregó la concesión a la empresa "Valor en Alimentos Cárnicos SA de CV", cuyos socios fundadores incluían a los hermanos del alcalde Sergio Chávez Dávalos. Aunque estos renunciaron formalmente a la sociedad poco después, la legislación local prohíbe contratar con empresas cuyos familiares hayan sido accionistas en los dos años previos.

Además del conflicto de intereses, la empresa habría aportado un terreno como parte de su inversión, que inicialmente se valoró en menos de 3 millones de pesos pero luego el gobierno municipal lo calificó cerca de 25 millones, lo que representó una inflación del valor del terreno superior al 1,100% en menos de un año. Esta maniobra permitió simular que cumplían con la aportación mínima obligatoria del 35% del capital en la APP, evitando desembolsar dinero efectivo y generando cuestionamientos sobre la transparencia y viabilidad financiera del proyecto.

El tema fue expuesto ante el Congreso de Jalisco, donde legisladores de diferentes bancadas señalaron el posible fraude y gravedad de la maniobra; sin embargo, integrantes del partido Hagamos defendieron la concesión aduciendo alianza política con Morena, el partido del alcalde. La controversia refleja tensiones sobre la gobernabilidad y los mecanismos de transparencia en Tonalá, además de un riesgo ambiental y sanitario derivado de la operación adecuada del rastro.

El expediente alerta que, ante la sobrevaloración del terreno y la ausencia de inversión directa de la empresa, el gobierno municipal deberá cubrir el financiamiento restante para mantener la operación del rastro, poniendo en riesgo recursos públicos. Mientras tanto, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente mantiene la clausura por incumplimiento, lo que añade un componente de urgencia para resolver la situación.