El trabajo doméstico y de cuidados no remunerados recibe por primera vez un reconocimiento legal explícito en el Estado de México. La reforma aprobada por el Congreso local establece reglas claras para calcular el valor económico de estas labores, que tradicionalmente han sido ignoradas pese a su aporte fundamental para las familias y la sociedad.
Esta iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario del PRI, responde a la necesidad de dar justicia patrimonial a miles de mujeres, especialmente madres mexiquenses, que han sostenido hogares sin recibir un reconocimiento ni compensación formal. Ahora, el aporte económico que representa el trabajo en el hogar dejará de considerarse secundario y se equiparará a una labor productiva con derechos asociados.
Entre las medidas incluidas, la reforma amplía el reconocimiento del trabajo de cuidado más allá del vínculo matrimonial o concubinario, haciendo este beneficio universal para quienes se dediquen a estas actividades. Además, se establecen criterios objetivos para valorar el tiempo y esfuerzo dedicados, y se garantizan compensaciones económicas justas en casos de divorcio o separación para quienes hayan asumido la responsabilidad del hogar.
Este avance legislativo establece un precedente en materia de derechos económicos para las mujeres, colocando al Estado de México como pionero a nivel nacional en reconocer el valor del trabajo doméstico. Según los impulsores, esta reforma implica una reparación histórica y un llamado a valorar la contribución diaria de miles de personas cuyas tareas habitualmente quedan invisibilizadas.
Con esta normativa, se formaliza además un marco jurídico que puede servir para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y asegurar equidad en la distribución de bienes patrimoniales. Para las familias mexiquenses, este cambio representa un reconocimiento tangible del esfuerzo que sostiene su convivencia y bienestar.

