El gobierno federal implementó un mecanismo para aprobar proyectos de inversión estratégica en un plazo máximo de 30 días hábiles, con la intención de atraer capitales significativos que impulsen la innovación y el desarrollo económico en México.
Esta iniciativa, gestionada a través de la nueva Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, facilita que las empresas puedan comenzar obras de infraestructura mientras continúan con la obtención de licencias ambientales y permisos ordinarios, todo centralizado en un portal oficial donde se unifican trámites concurrentes.
El decreto se aplica inicialmente a proyectos con una inversión mínima de 2,000 millones de pesos o ubicados en Polos de Desarrollo para el Bienestar. La expectativa es que, en el futuro, el umbral económico se reduzca para incluir también a medianas empresas, aunque las pequeñas quedan por ahora excluidas de este esquema.
Un órgano coordinado por la Secretaría de Economía y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones evalúa los proyectos, con la participación de las secretarías de Hacienda, Energía y Medio Ambiente. Hasta el momento, 22 iniciativas han recibido autorización rápida, con una inversión estimada en más de 8,000 millones de dólares para la economía nacional.
Sin embargo, el decreto enfrenta críticas por su alcance limitado y posibles riesgos jurídicos. La exclusión de las pequeñas y medianas empresas —único motor de la economía nacional— representa una de las mayores debilidades. Además, aunque el permiso inicial permite el inicio inmediato de obras, la gestión paralela de licencias ambientales y de uso de suelo continúa generando cuellos de botella burocráticos.
Para proyectos que no cumplen con los requisitos para la vía rápida, se ha establecido una segunda ruta en la que el gobierno se compromete a resolver la autorización en un plazo no mayor a 90 días, asegurando cierto avance para iniciativas relevantes dentro del portafolio federal.