Un tribunal federal de comercio en Manhattan anuló los aranceles globales del 10% que el expresidente Donald Trump impuso bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La mayoría de los jueces determinó que estas medidas excedían la autoridad otorgada por la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una norma que nunca antes se había usado para aplicar aranceles de manera tan amplia.
La decisión responde a demandas de pequeñas empresas importadoras y una veintena de estados, mayormente gobernados por demócratas, que argumentaron que los gravámenes elevaron el costo de productos básicos, afectaron cadenas de suministro y trasladaron sobrecostos a consumidores y gobiernos locales. Esta resolución llega en un contexto de alta tensión comercial, justo antes de la cumbre entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, donde los temas comerciales y de competencia industrial serán prioritarios.
Aunque el tribunal invalidó los aranceles, la orden solo suspende su aplicación inmediata en los casos de quienes demandaron y en el estado de Washington. No se extendió la suspensión a nivel nacional, pero representa un nuevo revés legal para la administración estadounidense que busca mantener presiones económicas con medidas arancelarias unilaterales.
Este fallo se une a otro revés reciente: en febrero, la Suprema Corte también rechazó otro paquete arancelario impuesto bajo la misma ley por exceder los límites constitucionales del poder presidencial.
El núcleo de la controversia radica en cómo la Casa Blanca interpretó la Sección 122, que autoriza aranceles temporales de hasta 15% durante un máximo de 150 días en casos de problemas graves en pagos internacionales o presión sobre la moneda estadounidense. Trump justificó las tarifas basándose en un déficit comercial “grande y serio”, pero los jueces concluyeron que el gobierno confundió el concepto de déficit comercial con problemas en la balanza de pagos, que es el requisito legal para activar esos aranceles.