Cada día, 21 niñas menores de 15 años dan a luz en México, una cifra que refleja la persistencia de embarazos no planeados y forzados en este sector vulnerable. Esta realidad, conocida como maternidad forzada, implica que estas niñas y adolescentes no cuentan con información ni acceso oportuno a servicios de salud que les permitan decidir sobre sus cuerpos y planes de vida.
La maternidad forzada afecta gravemente la salud física y mental de las niñas y adolescentes, además de violar sus derechos humanos y limitar sus oportunidades personales y educativas. Este fenómeno se presenta en un contexto de desigualdades estructurales que dificultan la autonomía de las jóvenes para interrumpir embarazos o recibir atención integral.
En el estado de Jalisco, por ejemplo, una de cada siete nacidas corresponde a madres menores de 20 años, con el estado ocupando el quinto lugar a nivel nacional en embarazo adolescente. Aunque las cifras han mostrado una ligera disminución en algunos años, el problema sigue siendo crítico, con un porcentaje considerable de niñas y adolescentes afectadas entre los 10 y 19 años.
Según datos oficiales de la Secretaría de Salud, durante 2024 se registraron más de 92 mil nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años, y casi 8 mil nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años. Esto evidencia una crisis de salud pública que exige atención urgente para garantizar el acceso a información, métodos anticonceptivos y recursos que protejan a niñas y adolescentes de embarazos no deseados.
Las organizaciones civiles, como Telefem, denuncian que la falta de condiciones legales y de servicios adecuados impide a estas menores ejercer plenamente su derecho a decidir, perpetuando la violencia y las limitaciones a sus proyectos de vida. En este sentido, insisten en la necesidad de políticas públicas que aborden la maternidad forzada desde una perspectiva integral y humanitaria.