Padres de familia de al menos 60 ciudades en México comenzaron a presentar amparos contra la reciente modificación al ciclo escolar decretada por la Secretaría de Educación Pública (SEP). La principal preocupación radica en la reducción de días de clase, que afecta la organización familiar y plantea interrogantes sobre quién se hará cargo de los niños durante el tiempo adicional sin actividades escolares.
La Red de Mujeres Unidas por la Educación alertó sobre la carencia de una perspectiva adecuada en el ajuste al calendario, poniendo especial énfasis en el impacto que tendrá para millones de niñas y niños durante el mes extra sin clases. Esta situación genera una problemática social y económica para las familias que requieren opciones seguras y accesibles para el cuidado infantil.
En paralelo, organizaciones educativas y algunos gobiernos estatales han rechazado el adelanto del cierre del ciclo escolar, señalando que la prioridad debe centrarse en el bienestar y desarrollo integral de los alumnos. Manifestaron que, aunque pueda haber razones administrativas o de calendario, no se deben anteponer a la calidad educativa ni a la estabilidad emocional y social de los estudiantes.
Además, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se pronunció en contra de que el ciclo escolar concluya antes, argumentando que durante décadas los alumnos han estudiado en condiciones adversas sin recibir atención gubernamental, y criticó que la única justificación ahora sea la celebración de eventos como el Mundial de fútbol.
Esta modificación ha generado también un llamado a compensaciones económicas para quienes se encargan del cuidado de los niños afectados por el recorte en la jornada escolar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los grupos más vulnerables en cuanto a cuidados son los niños de cinco a once años, quienes representan la mayoría de quienes requieren supervisión durante el tiempo extra sin clases.
La controversia continúa mientras diversas autoridades y actores sociales insisten en que la calidad educativa y la protección de la niñez deben prevalecer en cualquier decisión sobre el calendario escolar, resaltando la importancia de soluciones que no solo modifiquen fechas, sino que atiendan las necesidades reales de las familias y los estudiantes.